Presunción de muerte principal atención a víctimas
La Comisión de Atención a Víctimas del Delito en Durango, cuya titular es María Ismelda Flores Morales, tiene actualmente 60 juicios abiertos por temas como presunción de muerte de una persona desaparecida, la adjudicación de bienes en los casos en los que no hay un testamento o también la acreditación legal del concubinato. En total […]
La Comisión de Atención a Víctimas del Delito en Durango, cuya titular es María Ismelda Flores Morales, tiene actualmente 60 juicios abiertos por temas como presunción de muerte de una persona desaparecida, la adjudicación de bienes en los casos en los que no hay un testamento o también la acreditación legal del concubinato.
En total la Comisión ha iniciado 300 juicios, pero Flores Morales destaca que todos corresponden a víctimas de desaparición de los años 2010, el último año señala no ha habido ni un solo reporte de desaparición en esta dependencia.
En el caso de la presunción de muerte, cuyo plazo legal para iniciar el trámite se redujo de seis a un año, la Comisión atiende casos de familias en los municipios de Durango, Canatlán, Pueblo Nuevo, Santiago Papasquiaro, Gómez Palacio, Santa María del Oro, Cuencamé, Nombre de Dios y Nazas.
Pero también ha recibido solicitudes de juicio de presunción de muerte del Estado de México, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Coahuila, Veracruz, San Luis Potosí y Zacatecas.
En este caso la solicitud se basa en la presunción de que el fallecimiento de la persona se dio en territorio duranguense “desafortunadamente ellos viajaron a esta ciudad por una situación de trabajo y desafortunadamente fueron víctimas de una situación de esta naturaleza y de alguna manera es resarcir el daño”.
En el caso de duranguenses que murieron, o se presume murieron en otro estado de la República, la Comisión solo ha recibido reportes del norte del país, específicamente en los estados de Sinaloa, Coahuila, Chihuahua.
Un juicio de presunción de muerte debe esperar un año para poder iniciarse y el trámite, si el juez considera que hay elementos, es decir si se acredita que la víctima fue privada de la libertad por uno o más sujetos, dura en promedio solo dos meses.


