Lerdo, Dgo. Ante las amenazas de personal jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de despojar de sus viviendas e incluso encarcelar, 20 familias del ejido Picardías que habitan en las cercanías de las vías del ferrocarril, pidieron la asesoría legal del Ayuntamiento de Lerdo.

Por ello, este miércoles acudieron a la comunidad, los licenciados Ricardo Silva, director jurídico del Ayuntamiento y Coral Fabila Navarro, acompañando a Daniel Salazar Gallegos en su calidad de director de Atención Ciudadana para tomar conocimiento de la situación que guarda el expediente de las 20 familias en riesgo, representadas por los señores Julián Lira Hernández, Juan Manuel Briones Calderón y Rocío Rodríguez Olague.

El director jurídico del municipio, explicó que de acuerdo a la Ley general de Desarrollo Urbano, la permanencia de los habitantes en esos predios de algún manera les da legalidad, optando por levantar acta de asamblea para que quede constancia de la atención y en consecuencia poder representar a las familias que se encuentran en riesgo de perder su patrimonio.

Fue Fernando Ortiz quien en su momento manifestó que “en la audiencia que tuvimos nos han amenazado de que salgamos de las casas, nos dicen: qué prefieren, su casa o su libertad, nos acusan y nos dicen que cuando menos estaremos cuatro años en prisión”.

Los afectados afirmaron que las amenazas son directas de los representantes de la SCT, mientras que los de Ferromex sólo piden que dejemos la libre vía del ferrocarril. “Nos ha dicho que hay indicaciones incluso de disparar. Nuestras casas se encuentran entre 35 y 40 metros de distancia de las vías, estamos más cerca del río que de las vías”, señalaron.

La audiencia fijada para el 15 de octubre fue pospuesta, pero el temor del desalojo sigue vigente entre estas 20 familias que ven cómo se les puede terminar su patrimonio.

Al respecto, Ricardo Silva instó a los habitantes de ese sector de Picardías hacer trabajo colegiado, pedirle apoyo a protección civil y ver la cuestión de seguridad y la legalidad. “La ley los reconoce regulares o irregulares, tenemos material a favor, la cuestión es darle mucho seguimiento, sacar medidas de las vías a sus casas con testigos gráficos. La instrucción del presidente Homero Martínez es apoyar en todo lo que se pueda, pero hace falta el soporte jurídico”.

Al término de la reunión el compromiso fue otorgar apoyo jurídico y legal para que no se sientan en estado de indefensión, pidiendo incluir recibos de luz, número de contrato, toda vez que la Ley regula la distancia de líneas eléctricas y de agua de las vías férreas, y si les dan el servicio.

“Están pagando un derecho y ahora están en tiempo de que se les reconozca ese derecho, en la medida que tiene el ayuntamiento, en el Art. 11 de esta Ley para ver de qué manera podemos conciliar o convenir con Ferromex” acotó el director jurídico.