Defiende priista a sindicatos contra Uber
La Unión de Transportistas Benito Juárez no está en contra de la llegada de Uber a Durango, aseguró el presidente de la organización, el regidor priista Christian Salazar Mercado sin embargo, como el resto de los Sindicatos de Transportistas se manifestó en contra de que la empresa opere sin concesión del gobierno estatal. “En la […]
La Unión de Transportistas Benito Juárez no está en contra de la llegada de Uber a Durango, aseguró el presidente de la organización, el regidor priista Christian Salazar Mercado sin embargo, como el resto de los Sindicatos de Transportistas se manifestó en contra de que la empresa opere sin concesión del gobierno estatal.
“En la Unión de Transportistas Benito Juárez estamos abiertos a la competencia y a las nuevas formas de negocios, a la globalización y a todo lo que encierra los nuevos retos que trae la competitividad pero también queremos dejar claro que estamos exigiendo que se cumpla la legalidad”, acotó.
En este sentido dijo, al igual que el resto de los servicios públicos el transporte está concesionado por el Estado y esto significa que ninguna empresa puede operar al margen de la ley y en caso de que lo haga las autoridades correspondientes, en el este caso la Dirección General de Transportes del Estado (DGTE) deberán obligarla a acatar los reglamentos.
Antes de anunciar el inicio de operaciones, que según un representante de la empresa será a partir del próximo dos de agosto, Uber debió solicitar los permisos correspondientes para operar bajo las normas legales.
Esto dijo, daría pie a que se realice en el estado un estudio de mercado que permita determinar la viabilidad de una nueva concesión de transporte y al mismo tiempo generaría condiciones para que cada transportista mejore el servicio que ofrece a los ciudadanos.
Negó que se tenga certeza sobre quién es la persona que será responsable de las operaciones de Uber en Durango y reconoció que la empresa ha tenido problemas no solo con los trasportistas en cada una de las ciudades donde se ha instalado, sino también con sus mismos conductores debido a los vacíos legales que hay en materia laboral.
“Hoy en la Ciudad de México se vive algo de este tipo donde los dueños de los vehículos están exigiendo algunas prestaciones laborales y la empresa no los ha ni siquiera escuchado”, criticó.


