La diputada local, María Elena González Rivera, presentó la iniciativa de reformar el Código Penal del Estado, con el propósito de inhibir y sancionar las conductas de los servidores públicos que se beneficien de programas sociales y en caso de que lo hicieran podrían ser destituidos del cargo, además de inhabilitarlos en el servicio público hasta por 10 años.

“Es por ello que las políticas de combate a la pobreza, los apoyos al bienestar social y los programas de fomento económico no deben pervertirse para que los beneficios lleguen a los servidores públicos, ni a sus amigos, ni a sus parientes, ni a sus aliados políticos; porque además de ser una conducta ilegal es también inmoral”, resaltó a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).

La funcionaria explicó que buscan equiparar al delito de servicio abusivo de funciones, en los casos de que algún servidor público de primer o segundo nivel reciban beneficios de programas sociales o beneficios de cualquier programa de apoyo o ayuda dirigido a particulares, empresas o a cualquiera otro sector de la población por parte del Estado o municipios.

También buscan que esta prohibición aplique a su cónyuge e hijos y si se violenta dicha prohibición, sumarían a la pena respectiva en contra del servidor público su destitución del cargo, la inhabilitación hasta por 10 años para obtener y desempeñar un cargo en el servicio público, así como el decomiso de los productos del delito.

González Rivera reiteró que los legisladores están obligados a perfeccionar el marco legal para garantizar que estas conductas sean inhibidas y castigadas con máxima severidad.