Mapimí, Dgo.- El Ayuntamiento de Mapimí suspendió el cobro de derechos para la compraventa del melón y sandía en el poblado de Ceballos, en respuesta a una sentencia emitida por la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Durango.

El pasado 6 de julio, se llevó a cabo una sesión extraordinaria en la que el Cabildo de Mapimí aprobó por mayoría, el cobro de impuestos para la compra venta a productores de melón y sandía de Ceballos.

Por este motivo, los regidores de la fracción de Morena junto con representantes de la Junta de Gobierno de Ceballos y de la Asociación de Meloneros, interpusieron un juicio contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Durango bajo el argumento de que este cobro es ilegal.

Argumentaron que dicho impuesto no está considerado dentro de la Ley de Ingresos de este año, además de que sólo aplicaba “por costumbre” a los compradores, pero ahora mediante una circular les informaron a los más de 300 productores de la localidad, de los pagos que tendrían que hacer.

La intención era cobrarles por derecho de uso de suelo para empaques 10 mil pesos, el derecho de uso de suelo para lavadores 4 mil pesos y el derecho de uso de suelo para el camión transportador 150 pesos.

El pasado 21 de julio, el Tribunal les concedió la razón y ordenó al Ayuntamiento suspender esta medida y el poder del acta, por lo que se establecieron sanciones económicas a la alcaldesa Marisol Peña Rodríguez, así como al contralor, la tesorera municipal y a cuatro regidores de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Y fue el pasado 7 de agosto, cuando la autoridad judicial llevó a cabo una audiencia de cumplimiento de la suspensión, en la que los representantes del Ayuntamiento de Mapimí presentaron los oficios y un acta de Cabildo en la que se consta que se deja sin efecto el dictamen para aplicar dicho gravamen.

A través de un comunicado oficial emitido por el municipio se señala que pese a las pruebas aportadas, el magistrado no revocó la resolución en la que se incluye sanciones económicas por 60 UMAS a la alcaldesa, tesorera, contralor y los cuatro ediles priistas, por lo que esta autoridad presentará el recurso correspondiente para invalidar esta sentencia.

Pese a que presuntamente ya no se hacen dichos cobros indebidos por parte del municipio, los inconformes han señalado que la presidenta y su séquito mantienen la postura de seguir aplicándolos.