El representante de la Organización Interamericana de Consejos Ciudadanos (OICC), Carlos Güereca Prado señaló que el no poner atención al incremento de casos de violencia social podría derivar en un estado tan violento como Veracruz.

“El tema de la violencia social en Durango se está incrementando, lo dijimos hace cuatro años en Veracruz ante los medios de comunicación y ante la propia sociedad civil y a cinco años transcurridos tenemos un Veracruz muy violento”, añadió.

Durango registró el pasado julio el nivel más alto de lesiones en lo que va del sexenio y ese tipo de violencia, ahora está afectando a ciudadanos cuya única exigencia es un entorno en paz, pero además hay otras señales de alerta como los casos de Bullying, el maltrato a mascotas y el consumo de drogas, apuntó.

A pesar de que Durango destaca por su disminución de delitos de alto impacto, los delitos del fuero común se han disparado, tan es así que la estadística del Secretariado Ejecutivo Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) apuntan que durante julio se registraron dos mil 893.

Solo 94 menos de los registrados en el mismo periodo de 2010, el cual es considerado el año más violento para Durango, cuando se contabilizaron dos mil 987 delitos del fuero común en la entidad.

“El tipo de violencia que tenemos hoy es una violencia urbana y corresponde a todos los ciudadanos y en aquel tiempo la violencia solamente se daba entre grupos del crimen organizado, ahora tenemos una violencia entre toda la sociedad”.

Cuestionó que a pesar de los incrementos en los índices de violencia urbana se mantenga un solo juez administrativo, la propuesta para el nuevo gobierno es que se nombre al menos a cuatro personas en este encargo.
“Es la forma en que se van a abordar de manera directa la problemática, no es posible que sigamos teniendo un solo juez administrativo, necesitamos cuatro por el tamaño de población que tenemos”.

Además dijo, es necesario restablecer la figura del mediador e integrar, además de penas corporales o económicas, la posibilidad de que quien cometa una falta administrativa se involucre en la comunidad mediante el trabajo social.