El diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), José Antonio Ochoa aseguró que las manifestaciones de la fracción priista del cabildo capitalino se deben a que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no sabe cómo ser oposición y sigue creyendo que es gobierno en Durango.

El martes, los seis integrantes de la fracción de regidores del PRI presentaron ante el Congreso del Estado una denuncia en contra del alcalde capitalino por el nombramiento de seis directores que no cumplen con el requisito de residencia efectiva de tres años.

Al respecto, José Antonio Ochoa aseguró que de acuerdo al artículo 82 de la Constitución Política del Estado de Durango el Congreso no está facultado para intervenir en las decisiones de los municipios.

“Parece absurdo que esto regidores aprobaron por unanimidad los nombramientos que ahora están alegando que no se hicieron correctamente”, criticó además que durante los gobiernos priistas hubo casos en los que los funcionarios tampoco cumplían con dicho requisito y nadie se dio por enterado.

Un ejemplo de ello es el del ex gobernador Armando del Castillo Franco a quien hicieron pasar por canatlénse y durante el gobierno de Ismael Hernández Déras dijo “hubo gente que si bien no tenía puestos de cara a la ciudadanía atrás, tras bambalinas decidían el futuro de Durango como un Adrián Gallardo y ahí nadie decía absolutamente nada”.

Agregó que más allá de poner atención a los nombramientos la ciudadanía espera resultados y un combate efectivo a la corrupción del gobierno municipal, en este tenor dijo, la administración de José Ramón Enríquez Herrera ha encontrado serias irregularidades.

Un caso es el contrato de un millón y medio de dólares que el municipio adjudicó sin licitación a una sola empresa para la instalación de mil 500 parquímetros, algo que la empresa tampoco cumplió porque solo están instalados mil 142.

“Todo el tema de comunicación interna, teléfono, internet, fibra óptica, todo incluyendo rentas de bienes inmuebles también fueron por adjudicación directa, dos millones 400 mil pesos mes con mes el municipio paga y esto se llama tráfico de influencias”, afirmó.