Jorge Campos Murillo, nuevo titular de la Dirección de Transportes del Estado (DGTE), aseguró que en el combate al narcomenudeo, en que presuntamente participan unidades del transporte público, deberá participar la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) e incluso la Secretaría de Marina (Semar).

Campos Murillo justificó esta intervención federal bajo el argumento de que en el delito de narcomenudeo indudablemente intervienen células del crimen organizado, lo que lo convierte en un delito de competencia federal.

“Necesariamente tendremos que tener una coordinación con las instituciones de seguridad, sabemos que el narcomenudeo es una competencia recurrente entre la Procuraduría General de la República (PGR) y las Fiscalías o Procuradurías de los estados”.

Solo en caso de que elementos de la Policía Estatal o Municipal realicen una detención en flagrancia podrán intervenir, pero lo ideal es que no se enfrenten con miembros del crimen organizado, aun si son narcomenudistas, afirmó.

“Hay lugares críticos en donde esa delincuencia ha impuesto algunos taxis, pero es lo menor, lo mayor, tranquilamente puedo decir que están en manos de sindicatos, de que están actuando bien o mal lo vamos a analizar y lo vamos a analizar en conjunto”.

Agregó que no se trata de declarar una guerra al transporte público sino de coordinarse para combatir los índices delictivos que se comenten en unidades que prestan un servicio a la ciudadanía.

El nuevo director de Transportes en el estado adelantó también que buscarán que las unidades más viejas del transporte público salgan de la mancha urbana y cubran rutas en las zonas rurales del estado, como una medida para disminuir la contaminación.

Sobre un posible incremento a las tarifas del transporte público, que ya fue solicitado por los representantes sindicales, Jorge Campos informó que “los sindicatos siempre van a tender al aumento y nosotros vamos a tender a la modernización y a la limpieza del ambiente y esto va a ser una serie de acuerdos”.

Negó que haya una respuesta sobre la posibilidad de un incremento para lo que resta del año porque deberá primero hacerse el estudio socioeconómico que determinará l si la sociedad está en condiciones de absorber un nuevo incremento.