Gómez Palacio, Dgo.- Ex trabajadores de la mina La Valenciana, ubicada en el municipio de Gómez Palacio, que estalló en huelga hace 14 años se manifestaron el viernes en el exterior de las oficinas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) con sede en esta ciudad, organización a la que acusan de haber rematado los bienes de la compañía, quedarse con el recurso y no pagarles la indemnización correspondientes.

Los trabajadores recordaron que desde 2009 iniciaron una huelga, exigiendo su liquidación conforme a ley así como antigüedad, luego de que la empresa ubicada en el kilómetro 24.5 de la carretera Gregorio García-Gómez Palacio se declaró en quiebra.

Posteriormente en 2010 ganaron el laudo a su favor, se suponía que la empresa tendría que vender sus bienes, lo cual ocurrió adjudicando el recurso al secretario de Trabajo y Conflictos de la CTM, César García Sáenz, quien nunca los indemnizó.

Al respecto, Elia Estrada Macías, integrante de la Central Campesina Cardenista y asesora de los extrabajadores, mencionó que la CTM efectivamente vendió los bienes y a diferencia de lo que establecía el laudo o sentencia, no entregó recursos a los beneficiarios.

“El laudo beneficia a 119 trabajadores que tienen nombre y apellido, no sale a favor de la CTM”, por lo que tendrían que haberlos indemnizado dijo la líder campesina.

Al respecto, el trabajador afectado, Pascual Sánchez, comentó que fueron al menos siete las propiedades que se vendieron y cuyos recursos fueron a parar a manos de la CTM, que dispuso del dinero, pero jamás los liquidó, “la CTM se quedó con todo”, recalcaron.

Lo que exigen es que la CTM les rinda cuentas del dinero generado por la venta de las propiedades de la empresa minera la Valenciana y los indemnice conforme a Ley.

Asimismo, Elia Estrada, pidió que se judicialice la carpeta de investigación que presentaron en 2019 en la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado, contra expresidentes de la Junta local de Conciliación y Arbitraje y dirigentes de la CTM por delitos como obstrucción e indebida impartición de la justicia, desvió de recursos, administración fraudulenta y falsificación de documentos.