El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Fernando Rocha Amaro presentó una iniciativa proveniente de un reclamo social en atención al cumplimiento en la armonización correspondiente en materia de obligaciones alimentarias.

En tal sentido el legislador dijo que los derechos alimentarios, son prerrogativas que tienen las personas derivado de su estado de necesidad, otorgadas con la finalidad de que les sea suministrado todo aquello que les es requerido para sobrevivir y desarrollarse con dignidad y calidad de vida.

Por lo que su propuesta va encaminada a propiciar los Ministerios Públicos garantice la prestación de dichas prerrogativas y propicie la seguridad alimentaria de la sociedad.

“Todo agente del ministerio público es representante directo de las víctimas de toda acción antijurídica, pero también es representante inmediato de la sociedad ante la autoridad jurisdiccional” declaró el diputado.

Además de lo anterior, el diputado dijo que en materia familiar el MP se convierte en un vigilante de los derechos de las personas involucradas en cada procedimiento, particularmente de los menores de edad, así como de aquellos que se encuentren ausentes.
 
Según el documento “Orígenes del Ministerio Público”, que se puede revisar en páginas oficiales del Gobierno de México, el Ministerio Público surge como instrumento para la persecución del delito ante los tribunales, en calidad de agente social. De ahí que se le denomine representante social.

Por ende el Ministerio Público responde actualmente a un imperativo social y su funcionamiento como organismo especializado resulta imprescindible para la buena administración de justicia.
 
También menciona que la importancia y trascendencia de las funciones actuales de dicha institución como lo es el Ministerio Público, son esenciales para la vida de la sociedad, toda vez que comprende la dirección y/o defensa de los intereses del Poder Ejecutivo, pero antes que eso, de la sociedad y de los derechos individuales.