El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Alejandro de la Peña López afirmó que el 95 por ciento de los agremiados a la Cámara que representa han sido víctimas de intentos de extorsión telefónica.

Lo más grave dijo, es que las autoridades afirman que dichas llamadas no se realizan desde los centros de Readaptación Social (Cereso), lo que significa que los autores del delito podrían incluso estar vigilando los negocios a los que hacen las llamadas.

“Tenemos un caso al cual le dijeron vamos a prender las luces y un carro prendió las luces, casi se desmaya en el sentido de decir, oye, están enfrente. Seguimos guardando la calma pero cada vez ha sido más recurrente y más fuerte la insistencia de las extorsiones, tenemos que ponerle un alto”.

Hay casos dijo, en los que la víctima recibe al menos siete llamadas al día de sujetos que buscan dinero a través de la intimidación,, lo que ha llevado a algunos incluso el plantearse salir de la ciudad.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) no reconoce la extorsión como un delito grave que necesite atención, algo que para el empresario tiene que ver con el hecho de que son muy pocos los casos en los que la entrega de dinero se concreta, a pesar del acoso telefónico.

“Como no se consolidan las extorsiones no hay delito que perseguir, en dado caso pero están al tanto, saben que está sucediendo, nosotros lo hemos externado directamente con el fiscal viendo los mecanismos para que se pueda resolver”.

La propuesta de Canirac se enfoca en una campaña de prevención promovida desde la autoridad o la apertura de una línea directa de denuncia de posibles casos de extorsión que permita que las autoridades se cercioren de que no hay peligro para el ciudadano después de una llamada.