El diputado local, Jorge Salum del Palacio afirmó que la corrupción es un tema complejo y delicado, por lo que urge abordarlo de manera frontal al ser una grave problemática que aqueja la administración pública del país, además resaltó es una gran demanda de la sociedad, al realizar la ampliación de motivos de las reformas a la Constitución para establecer el Sistema Estatal Anticorrupción.

Señaló que dentro de las modalidades de la corrupción se encuentra el tráfico de influencias, el soborno, el peculado, el uso privado de los bienes públicos, el castigo a las personas inocentes, el contrabando y el premio a quien no lo merece.

Salum del Palacio informó que el índice que publica Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 106 de 177 naciones en corrupción y también está entre los peores lugares de América Latina.

Así mismo, agregó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha estimado que el costo de la corrupción en México equivale, cada año al nueve por ciento del Producto Interno Bruto del País, lo que quiere decir 1.5 billones de pesos cada año, lo que equivale a 45 veces el presupuesto de la UNAM o cerca de 10 veces el costo del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propusieron homologar disposiciones plasmadas dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, para crear el sistema local, para prevenir actos de corrupción, pero además de establecer las sanciones correspondientes.

De esta manera, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en su autoridad impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales.

Finalmente, también se sancionará a las personas morales cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella.