Gómez Palacio, Dgo.- Trabajadores de la empresa Minera La Valenciana, se manifestaron en el exterior del palacio de Justicia con sede en Gómez Palacio, para exigir al juez correspondiente que judicialice las carpetas de investigación que presentaron en contra del cetemista Cesar García Sáenz, a quien acusan de robo, falsificación de firmas, fraude obstrucción a la ley, e incluso homicidio.

El vocero de los trabajadores, Pascual Sánchez Campos, dijo que hicieron acto de presencia por que se este viernes se realizaría una audiencia, en la cual reiteró están exigiendo la judicialización de sus denuncias, en contra de García Sáenz y otros allegados, como exfuncionarios de la Junta Local de Conciliación Y Arbitraje. .

El afectado, aseguro que las carpetas de investigación, ya fueron resueltas desde el 2019, “por ello, estamos ahorita aquí en plantón, porque se está llevando a cabo la audiencia, exigiendo que judicialicen las carpetas de investigación pues están “congeladas”.

Como se recordará los ex trabajadores ganaron un laudo laboral a la compañía minera, en el 2010 pero es fecha que no han sido indemnizados, ello, luego de que la empresa se declaró el huelga, que aseguraron pese a los años que han pasado sigue vigente.

Pascual Sánchez, dijo que su protesta es por la omisión en la judicialización, de las carpetas de investigación que están bajo el expediente 146/2019, acusando también al departamento de patrimoniales y al ministerio público, de obstruir el seguimiento de la judicialización en del cetemista, Luis Cesar García Sáenz.

Dijo que también están enfocados en el departamento de homicidios, por el fallecimiento de dos compañeros que fueron asesinados cuando estaban en reguardo de los activos de la empresa minera la Valenciana, con los cuales al ser vendidos serían indemnizado, lo que a la fecha no ocurre.

Al final hizo un llamado a las autoridades del palacio de Justicia, a fin de que le den celeridad, a sus carpetas de investigación, a fin de concluir con este tema que data del 2009 y que tiene como propósito que se les liquide conforme a ley, con lo que les corresponde a cada trabajador, algunos de los cuales tenían antigüedades de más de 20 años.