El secretario General de Gobierno, Adrián Alanís Quiñónez informó que se tiene conocimiento de que al menos 25 funcionarios de la anterior administración estatal, que encabezó el priista Jorge Herrera Caldera han solicitado el inicio de un juicio de suspensión de amparo para evitar ser detenidos en caso de una investigación en su contra.

El funcionario negó que la administración que encabeza José Rosas Aispuro Torres tenga conocimiento de que se haya emitido una nueva orden de aprensión e incluso afirmó que “no creo que haya en los próximos días ninguna orden de aprehensión” porque no han concluido las auditorías y aún no hay fecha para que concluyan.

Los amparos promovidos incluyen a ex funcionarios de primero, segundo y tercer nivel, sin embargo, la mayoría están relacionados con personas que durante el sexenio pasado se desempeñaron en el área de Finanzas.

Entre los funcionarios amparados figuran el propio ex gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, la ex secretaria de Finanzas y Administración, María Cristina Díaz Herrera, el ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (Secope), Cesar Guillermo Rodríguez Salazar y el ex secretario de Salud, Eduardo Díaz Juárez.

Los amparos han sido promovidos por quien fuera titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Sonia Yadira de la Garza Fragoso, en la misma administración estatal.

Para el secretario General de Gobierno, la medida jurídica tiene que ver con la rebeldía de la pasada administración a presentar información transparente durante la entrega recepción “nosotros lo hemos estado manifestando desde un principio. Me tocó como coordinador general de Entrega Recepción que en determinado momento no quisieron entregarnos todo lo que se refería al aspecto económico”.

Acusó que el equipo de recepción solicitó desde la primera semana de agosto, hasta el 14 de septiembre, el día previo a la toma de protesta del entonces gobernador electo, la información sobre deuda pública y el monto del presupuesto de 2016 que se había ejercido durante los últimos meses de la administración de Herrera Caldera y no hubo respuesta.

Hasta ahora, las irregularidades financieras se han detectado en la Dirección de Pensiones y en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyted) en donde solo se han justificado 40 de los 165 millones de pesos que conforman el presupuesto.