Programas sociales son un derecho, no un favor: Ana María Durón
Sentencia la diputada Ana María Durón que los programas sociales forman parte de una política pública esencial para garantizar el bienestar colectivo
Los programas sociales deben entenderse y ejercerse como un derecho de la ciudadanía, no como una concesión política. Así lo afirmó la diputada Ana María Durón Pérez, al señalar que su correcta normalización fortalece la legitimidad institucional, previene prácticas clientelares y consolida una relación más equitativa entre el Estado mexicano y la sociedad.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la legisladora subrayó que los programas sociales forman parte de una política pública esencial para garantizar el bienestar colectivo, especialmente de los sectores que viven en condiciones de vulnerabilidad.
Programas sociales como herramienta de desarrollo y equidad
Ana María Durón explicó que los programas sociales cumplen una función clave como mecanismos de redistribución del ingreso y de compensación social, orientados al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza y la desigualdad. Señaló que su objetivo central es mejorar de manera tangible las condiciones de vida de la población, bajo criterios claros y medibles.
Destacó que, aunque muchas personas reconocen que estos apoyos son un derecho, aún persisten prácticas irresponsables que buscan utilizarlos como moneda de cambio político, afectando la dignidad ciudadana y debilitando la confianza democrática.
Evitar el clientelismo y fortalecer los derechos ciudadanos
La diputada recordó que los programas sociales no son exclusivos de los gobiernos actuales ni una política reciente, sino que han sido parte de la acción pública en México desde hace décadas. No obstante, advirtió que en años recientes se ha reforzado una percepción errónea que los presenta como favores personales, cuando en realidad emanan de derechos establecidos en la Constitución y las leyes.
Finalmente, Durón Pérez llamó a impulsar un proceso de normalización de los programas sociales, entendido como la consolidación de una visión social que los reconozca plenamente como derechos exigibles, garantizados por el Estado y ajenos a cualquier uso político, fortaleciendo así una democracia más justa y transparente.

