Gómez Palacio, Durango.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del estado de Durango, encabezada por Berenice Morales de Ávila, informó que el cumplimiento de la Ley Sillaya se encuentra en una fase activa de verificación mediante inspecciones laborales en todo el estado. Aquellos centros de trabajo a los que sí les aplica la norma y que no cumplan en los tiempos establecidos por el área de inspección laboral y el área jurídica podrán ser acreedores a sanciones económicas.

A la fecha, la dependencia estatal ha verificado 35 empresas ubicadas tanto en la región Laguna como en la capital del estado. Algunas de ellas se encuentran en un proceso de acompañamiento para la implementación total de la Ley Silla, mientras que otras avanzan de manera paulatina debido al impacto económico que ha representado esta nueva obligación.

Inspecciones laborales y proceso sancionador

De acuerdo con la STPS, la verificación del cumplimiento de la Ley Silla se realiza conforme a un protocolo establecido. Durante las inspecciones laborales se emiten recomendaciones que los centros de trabajo deben subsanar en un plazo de cinco días. Posteriormente, en caso de incumplimiento, se inicia un proceso administrativo sancionador.

Las multas por no acatar la Ley Silla van desde los 50 mil hasta los 580 mil pesos, una vez que el área jurídica emite el requerimiento correspondiente y se turna a la instancia encargada de ejecutar la sanción. Las inspecciones están calendarizadas de manera permanente y también se atienden señalamientos derivados de denuncias por violaciones a los derechos laborales.

Comercios y servicios, los principales sujetos de la Ley Silla

La Ley Silla está dirigida exclusivamente a los sectores de comercio y servicios, es decir, centros comerciales, tiendas departamentales, tiendas de autoservicio y restaurantes donde exista mayor contacto o atención directa con el cliente. En el caso de la rama industrial, no están sujetos de manera directa al cumplimiento de esta ley, aunque se analiza la actividad principal de cada empresa, ya que en algunos casos la implementación podría representar un riesgo por la naturaleza del trabajo.

La secretaria Berenice Morales de Ávila destacó que la STPS inició una campaña informativa desde septiembre de 2025, con el objetivo de anticiparse a la entrada en vigor de la Ley Silla y permitir que los centros de trabajo contaran con el tiempo suficiente para adecuarse. Reconoció que el cierre de año representó una dificultad económica para algunos establecimientos, especialmente centros comerciales, por lo que se mantiene una dinámica de acompañamiento.

En cuanto a las quejas por incumplimiento, la dependencia ha recibido reportes tanto de manera presencial en la oficina de inspección laboral como a través de redes sociales, principalmente Facebook. Sin embargo, se precisó que muchas de estas denuncias provienen de perfiles que no es posible identificar plenamente, por lo que se integran como indicadores adicionales para orientar las acciones de inspección y vigilancia de la Ley Silla en Durango.