Con el objetivo de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes y fortalecer la ética en el servicio público, la diputada Verónica González Olguín propuso reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado para exigir el Certificado de No Deudor alimentario a quienes aspiren a cargos de elección popular y a integrar órganos electorales en Durango.

La legisladora señaló que esta iniciativa busca garantizar que las personas que pretendan gobernar o tomar decisiones públicas cumplan previamente con sus responsabilidades familiares, colocando el interés superior de la niñez en el centro de la vida pública y política del estado.

Certificado de No Deudor alimentario como requisito electoral

Durante la sesión de la Comisión Permanente, Verónica González subrayó que la justicia no puede ser indiferente ante niñas y niños que esperan lo más básico para vivir con dignidad. Enfatizó que gobernar implica asumir responsabilidades todos los días, comenzando por cumplir con las obligaciones alimentarias.

Explicó que el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y el Certificado de No Deudor alimentario, respaldados por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, son herramientas legales que permiten verificar que quienes aspiran a cargos públicos actúen con responsabilidad y apego a la ley.

Ética pública y protección de la niñez en Durango

La integrante del Grupo Parlamentario del PAN precisó que la iniciativa contempla que el certificado sea un requisito obligatorio tanto para el registro de candidaturas a cargos de elección popular como para quienes busquen ocupar puestos como presidentes, secretarios o consejeros electorales en los consejos municipales.

González Olguín afirmó que el Certificado de No Deudor alimentario no tiene un carácter punitivo, sino preventivo, ya que garantiza que la ley se aplique con justicia y que la niñez sea prioridad en las decisiones públicas. Añadió que quien cumple con sus hijas e hijos demuestra estar listo para cumplirle a la sociedad.

Finalmente, la diputada sostuvo que el cumplimiento de las obligaciones alimentarias no solo es un deber legal, sino un compromiso moral con los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. Recalcó que la congruencia entre la vida personal y la función pública es clave para fortalecer la credibilidad del Estado y avanzar hacia un Durango más justo y responsable.