Con el objetivo de garantizar espacios incluyentes, la diputada Cynthia Montserrat Hernández Quiñones presentó una iniciativa para fortalecer la planeación de la infraestructura pública en Durango, con el fin de que todas las obras financiadas con recursos públicos sean accesibles para la población, especialmente para las personas con discapacidad.

La legisladora explicó que la propuesta plantea reformar la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado, con el propósito de que desde la etapa inicial de planeación los proyectos de infraestructura pública incorporen criterios de accesibilidad y diseño universal.

Buscan garantizar infraestructura pública incluyente

Durante la ampliación de motivos, Cynthia Montserrat Hernández Quiñones señaló que cuando los proyectos de infraestructura pública o de equipamiento se diseñan sin considerar criterios de accesibilidad, el resultado suele ser la existencia de rampas inexistentes, señalización inadecuada, transporte que excluye o edificios públicos que no pueden ser utilizados por todas las personas.

La iniciativa establece que todas las obras y proyectos financiados con recursos públicos deberán presentar una Cédula o Dictamen de Accesibilidad y Diseño Universal desde su etapa de planeación. Este documento permitirá comprobar que la infraestructura pública fue diseñada para que cualquier persona pueda utilizarla sin enfrentar barreras físicas o de comunicación.

Iniciativa busca mejorar planeación del gasto público

A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, la legisladora destacó que en México más de 20.8 millones de personas viven con alguna discapacidad o limitación, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI. En Durango, esta cifra supera las 100 mil personas, lo que significa que aproximadamente uno de cada 12 habitantes enfrenta barreras en el acceso al espacio público.

Ante este panorama, la diputada cuestionó si realmente puede hablarse de igualdad cuando la infraestructura pública se diseña sin considerar desde el inicio a un sector importante de la población.

Asimismo, citó estudios del Banco Mundial que señalan que incorporar criterios de accesibilidad desde la fase de diseño puede incrementar el costo de una obra apenas entre 0.5 y 1 por ciento. Sin embargo, corregir posteriormente una infraestructura pública mal diseñada puede multiplicar los costos y generar un gasto público ineficiente.

Finalmente, puntualizó que la iniciativa busca cerrar el vacío que existe en el proceso de programación y presupuestación del gasto público, para que ningún proyecto de infraestructura pública o inversión física de uso colectivo pueda ejecutarse sin acreditar previamente que cumple con criterios técnicos de accesibilidad.