Gómez Palacio, Dgo.- Un operativo de desalojo de manifestantes del Frente Unido de Pueblos en Defensa de la Vida y el Territorio, en el ejido Dinamita, municipio de Gómez Palacio, derivó en la detención de 28 personas, informó el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal. La acción se realizó la tarde del miércoles, cuando autoridades desmantelaron un campamento instalado en el exterior de una empresa.

El mandatario estatal señaló que el líder del movimiento, Bernardino “N”, logró escapar y actualmente es buscado por las autoridades. Asimismo, justificó el despliegue de fuerza pública al asegurar que el grupo ha estado vinculado con actos de extorsión, robo y bloqueos a vías de comunicación.

Operativo y denuncias en contra de los detenidos

De acuerdo con información oficial, existen entre 60 y 70 denuncias en contra de los detenidos, lo que motivó la intervención coordinada de corporaciones de los tres niveles de gobierno. La Fiscalía General del Estado de Durango detalló que los días 17 y 18 de marzo recibió denuncias por bloqueos, invasión de accesos a empresas y el aseguramiento de dos tractocamiones.

Las autoridades señalaron que las acciones del grupo ponían en riesgo tanto a trabajadores como a la población, debido a la cercanía con instalaciones dedicadas a la fabricación de explosivos. Además, reportaron pérdidas económicas que ascienden a decenas de miles de dólares diarios.

El operativo contó con la participación del Mando Especial Laguna, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, corporaciones estatales y municipales, así como personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Reacciones y exigencias tras denuncias en contra de los detenidos

Tras el operativo, simpatizantes del Frente Unido se manifestaron en la presidencia municipal de Gómez Palacio para exigir diálogo con la alcaldesa Betzabé Martínez Arango y solicitar apoyo para los familiares de los detenidos.

El caso ha generado controversia, especialmente por antecedentes como el ocurrido en el ejido La Aurora, donde el mismo grupo fue desalojado en circunstancias similares. En este contexto, el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, exigió la liberación de los detenidos y el retiro de cargos, argumentando que se trató de una protesta pacífica.

Por su parte, la Fiscalía indicó que los detenidos enfrentan acusaciones por presuntos delitos como robo de vehículo y ataques a las vías de comunicación, mientras que las investigaciones por extorsión continúan en integración. También se informó que algunos de los implicados ya contaban con órdenes de aprehensión previas.

Las autoridades reiteraron su compromiso con el debido proceso, mientras que organizaciones civiles mantienen la exigencia de transparencia en el caso, en medio del debate por las denuncias en contra de los detenidos y el uso de la fuerza pública en conflictos sociales.