La alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, denunció recientemente la circulación de una imagen falsa, presuntamente generada mediante inteligencia artificial, en la que se afirmaba que el Cabildo de Gómez Palacio aprobaría multas de 300 pesos para quienes se refirieran a ella de determinada manera.

Más allá de lo anecdótico, el hecho abre una discusión mucho más profunda: el uso de la desinformación digital como herramienta de desgaste político, particularmente contra mujeres que ocupan cargos públicos.

A escasos meses del inicio del próximo proceso electoral federal y, posteriormente, del proceso local, la presidenta municipal de Gómez Palacio enfrenta un fenómeno cada vez más frecuente: ataques difundidos desde redes sociales, muchas veces impulsados por perfiles anónimos o actores que ocultan sus verdaderas intenciones bajo el disfraz de la opinión pública. El objetivo suele ser claro: sembrar dudas, generar confusión y erosionar la confianza ciudadana.

No se trata de un caso aislado. Datos oficiales muestran que la violencia política digital contra las mujeres en México se ha convertido en uno de los principales riesgos para quienes participan en la vida pública, especialmente alcaldesas, regidoras, síndicas, diputadas y candidatas.

Las redes sociales, concebidas originalmente como espacios de interacción y participación democrática, también se han transformado en escenarios donde proliferan campañas de desinformación, noticias falsas, ataques coordinados, discursos misóginos y formas de violencia simbólica encaminadas a desacreditar la capacidad política de las mujeres y afectar su imagen pública.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral, entre 2020 y 2024 se registraron más de 500 quejas y denuncias relacionadas con Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, siendo los ataques digitales la modalidad más recurrente.

Uno de los datos más alarmantes revela que el 88 por ciento de los procedimientos vinculados con este tipo de violencia estuvieron relacionados con agresiones en redes sociales: publicaciones falsas, campañas de desprestigio, contenido manipulado y estrategias de violencia mediática digital.

Durante el Proceso Electoral Federal 2023–2024, el INE documentó 209 quejas por violencia política de género, con 151 víctimas identificadas y 259 personas denunciadas. Del total de casos, el 42 por ciento correspondió a ataques en redes sociales; el 18 por ciento, a agresiones en medios de comunicación, y el 9 por ciento, a actos orientados a impedir el ejercicio de candidaturas o cargos públicos.

Las alcaldesas y presidentas municipales aparecen entre los sectores más expuestos. El Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género evidencia que una proporción importante de los agresores proviene del ámbito municipal. Hasta mediados de 2024 se contabilizaban 416 registros de personas sancionadas; 363 de ellas ya contaban con resoluciones firmes, y 78 correspondían a presidentes o presidentas municipales.

La violencia digital posee características particularmente dañinas: se viraliza con rapidez, suele operar desde el anonimato, busca desacreditar el liderazgo femenino y recurre con frecuencia a estereotipos de género, ataques personales, insinuaciones sexuales o información falsa para debilitar la legitimidad pública de sus víctimas.

El caso de Gómez Palacio obliga a reflexionar sobre un desafío contemporáneo: la irrupción de tecnologías capaces de fabricar contenidos falsos con apariencia de autenticidad y su potencial utilización en contextos políticos y electorales. Combatir la desinformación ya no es únicamente una tarea de las autoridades electorales o de las plataformas digitales; también exige ciudadanía crítica, medios responsables y una conversación pública comprometida con la verdad.

Porque cuando la mentira se normaliza como estrategia política, la democracia —y particularmente la participación política de las mujeres— termina pagando el costo.