La política mexicana nos tiene acostumbrados al drama, pero el reciente fin de semana rebasó cualquier guion de suspenso. En un movimiento simultáneo que sacudió el tablero nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) lanzó una doble estocada que cruza fronteras y colores partidistas: los citatorios para comparecer dirigidos a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, y al gobernador morenista con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Oficialmente, la Secretaría de Gobernación se apresuró a apagar el fuego declarando que ambos acudirán en calidad de testigos y que se trata de meros “procedimientos ordinarios”. Sin embargo, intentar vender este “2×1” judicial como un trámite de rutina es insultar la inteligencia de la ciudadanía. Lo que estamos presenciando no es el funcionamiento orgánico de nuestras instituciones, sino una reacción tardía, un calculado acto de equilibrismo político ejecutado con esa forma tan poco común —y tan sospechosa— con la que el Gobierno Federal suele administrar la justicia en el país.

Hablemos de los tiempos, que en política lo son todo. El llamado “CIAgate” en Chihuahua, derivado del trágico accidente en la Sierra del Pinal donde murieron agentes vinculados a la Embajada de EE.UU., ocurrió en abril del año pasado. Por su parte, la crisis de Sinaloa y los señalamientos del Departamento de Justicia estadounidense contra Rubén Rocha Moya llevan meses desangrando al noroeste del país. ¿Por qué congelar las investigaciones durante tanto tiempo para luego reactivarlas en un mismo fin de semana y de manera simultánea? La respuesta apesta a control de daños y a una burda estrategia de compensación.

Al llamar a cuentas a Maru Campos bajo la acusación de violar la Ley de Seguridad Nacional, el Gobierno Federal parece reactivar el brazo ejecutor de la FGR para golpear a uno de los bastiones más visibles de la oposición. La narrativa oficial busca asfixiar políticamente a Chihuahua. Pero claro, para evitar el costo político de ser acusados de persecución facciosa, el guion federal requería un sacrificio en casa: congelar cuentas y citar también al impresentable Rocha Moya. El mensaje subliminal que intentan sembrar desde Palacio Nacional es tan predecible como hipócrita: “Miren cómo somos imparciales; caen de un lado y caen del otro”.

Este método tan poco ortodoxo de la FGR —donde los citatorios penales se usan como si fueran fichas de un juego de dominó político— delata la debilidad del Gobierno Federal. No se actúa por convicción de justicia, sino por reacción ante las presiones externas y la pérdida de control de la narrativa pública. Si el gobierno realmente buscara la verdad, la reacción en Sinaloa no habría tardado meses de complicidad y silencios cómodos, ni la investigación en Chihuahua se habría guardado en el cajón hasta que fuera políticamente útil para nivelar la balanza.

El próximo 27 de mayo, cuando la gobernadora de Chihuahua se presente ante la autoridad, y cuando Rocha Moya haga lo propio, el país no asistirá a un triunfo del Estado de Derecho, sino a una puesta en escena perfectamente calculada. Al final del día, la justicia tardía no es justicia, es simulación. Y cuando esa simulación se opera de forma tan evidente para proteger narrativas de poder, lo que queda al descubierto no es una Fiscalía autónoma, sino un gobierno federal que sigue utilizando las instituciones de procuración de justicia como su tablero de ajedrez particular. La moneda está en el aire, pero el juego, desde el origen, ya viene sesgado.