Gómez Palacio, Dgo.- El Sindicato de Pipas de Agua de La Laguna exigió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) establecer reglas claras para garantizar la continuidad del servicio de agua potable en la región, luego de que alrededor de 200 unidades permanecen detenidas por la suspensión de sus puntos de abastecimiento durante los últimos 15 días.

El secretario general del gremio, Rodolfo Galván Franco, afirmó que los operadores no comercializan el recurso hídrico, sino que prestan el servicio de transporte hacia colonias urbanas y comunidades rurales con desabasto, además de abastecer hospitales, escuelas y obras que dependen de este suministro.

“No somos el problema, somos parte de la solución. Aceptamos que el agua es un recurso nacional, pero su distribución es una tarea social ante el desabasto que vive la región”, expresó el dirigente, al solicitar que las autoridades de los tres niveles de gobierno atiendan las demandas del sector.

Suspenden puntos de abastecimiento y dejan 200 pipas detenidas

Galván Franco explicó que la incertidumbre generada por las recientes disposiciones relacionadas con la Ley General de Aguas Nacionales derivó en la suspensión de los puntos donde tradicionalmente cargaban las unidades, incluyendo instalaciones del Sideapa en Gómez Palacio, Simas y SAPAL en Lerdo.

El líder sindical sostuvo que la nueva interpretación del marco jurídico ha provocado que los transportistas sean vistos como si incurrieran en actividades ilícitas, pese a que operan con concesiones estatales de transporte y cumplen con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“No somos delincuentes, somos transportistas de agua”, enfatizó al rechazar cualquier señalamiento que criminalice la labor del gremio.

Piden mesas de diálogo para garantizar el suministro de agua potable

El sindicato anunció que solicitará la instalación inmediata de mesas de diálogo con la Conagua para definir puntos oficiales de abastecimiento que permitan surtir agua potable de manera legal y con certeza para los operadores.

Entre sus principales demandas se encuentra el reconocimiento de su actividad como un servicio esencial, la asignación de sitios autorizados para cargar agua y el establecimiento de acuerdos con las autoridades que eviten la paralización del servicio.

Galván Franco advirtió que la afectación no recae únicamente en los transportistas, sino principalmente en miles de ciudadanos que dependen de las pipas para acceder al agua potable, especialmente en sectores donde la red pública no logra cubrir la demanda cotidiana.