La titular de la Secretaría de la Contraloría en el estado (Secoed), María del Rosario Castro Lozano informó que el número de exfuncionarios requeridos por esta dependencia a raíz de las observaciones derivadas del proceso de entrega recepción se amplió a 22.

Previamente, la funcionaria estatal informó que 14 de los 15 miembros del gabinete legal del ex gobernador del estado, habían sido requeridos para solventar observaciones, solo en el caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) no había concluido el plazo de 30 días hábiles para entrega y por ello no había un proceso de requerimiento.

Este lunes, se dio a conocer que los extitulares de el sistema Integral de la Familia (DIF), la Comisión Estatal del Agua (Caed), el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado (Conalep), el Instituto Duranguense de Educación para Adultos (IDEA), el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifeed) ya fueron requeridos.

Además de los responsables en el sexenio anterior de la Dirección administrativa y la Subsecretaría de Edificación de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Secope), la Unidad Estatal de Protección Civil, la Subsecretaría de Administración y Planeación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR).

En lo que toca a los miembros del gabinete legal, la contralora apuntó que las audiencias inician este lunes por la tarde y durarán hasta el 13 de diciembre, mientras que las entrevistas con los nueve ex funcionarios requeridos en el último anuncio serán del 13 al 23 de diciembre.

Adicionalmente, la Secretaría de la Contraloría ha recibido 234 pliegos de observaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación, relacionadas con la aplicación de cuatro mil 500 millones de pesos en rubros como salud, educación, seguridad pública y finanzas.

Rosario Castro explicó que dichos pliegos de observaciones, relacionados con promoción de responsabilidad administrativa vienen desde 2007, es decir que abarcan dos sexenios y por esta razón se tendrá que poner en marcha un protocolo de responsabilidad para los anteriores titulares de la Contraloría por no solventar en tiempo y forma dichos pliegos de observaciones.

En caso de que las observaciones, realizadas al proceso de entrega recepción, el cual aclaró es diferente a lo que se refiere a la investigación de la Auditoría Superior de la Federación, no se solventen durante la etapa de audiencias cada ex funcionario quedará vinculado a proceso.

A la fecha, precisó la funcionaria estatal, los únicos amparos que se han solicitado por los ex servidores públicos tienen que ver con las copias de los expedientes, ninguno directo sobre el proceso de entrega recepción.