El Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de fortalecer la protección de la propiedad social y reconocer los derechos colectivos de los ejidos y las comunidades agrarias e indígenas, garantizando mayor certeza jurídica sobre sus territorios y patrimonio.

La Comisión de Puntos Constitucionales presentó ante el pleno el dictamen de modificación al artículo 27 constitucional, que contempla reconocer a los ejidos y comunidades agrarias como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica plena, patrimonio propio y acceso directo a programas, recursos públicos y mecanismos de desarrollo económico, social, ambiental y productivo.

Durante la discusión, el diputado Bernabé Aguilar Carrillo destacó que la propiedad social representa la historia, las raíces y la lucha de miles de mujeres y hombres del campo que, generación tras generación, han defendido la tierra como patrimonio familiar y fundamento de la vida comunitaria.

Reforma constitucional busca proteger la propiedad indígena y evitar el despojo

El legislador señaló que la tierra no representa únicamente una superficie destinada a la producción de alimentos, sino también identidad, cultura, pertenencia, trabajo y futuro. En el caso de los pueblos indígenas, explicó, el territorio constituye una parte esencial de su organización comunitaria, sus tradiciones y su relación con la naturaleza.

Aguilar Carrillo subrayó que la discusión va más allá de un asunto técnico o jurídico, debido a que busca proteger los derechos de quienes han conservado sus tierras pese a las dificultades económicas, las desigualdades históricas y las presiones que enfrentan las comunidades rurales.

Asimismo, destacó que el dictamen contempla medidas para proteger la integridad de las tierras de los pueblos indígenas, ejidos y comunidades, además de prevenir el despojo, la especulación inmobiliaria y la concentración indebida de derechos agrarios.

Propiedad social, vinculada al desarrollo sustentable y la justicia social

El diputado indicó que las disposiciones también relacionan la protección de la propiedad social con objetivos de interés público, como la soberanía alimentaria, la conservación ambiental, el desarrollo regional sustentable y el bienestar de las comunidades agrarias.

Desde la tribuna, afirmó que la justicia social debe traducirse en el respeto a los derechos, la atención a las comunidades históricamente rezagadas y la generación de oportunidades para quienes han contribuido al desarrollo del país desde el campo.

Con la aprobación unánime del dictamen, el Congreso del Estado respaldó las modificaciones constitucionales orientadas a fortalecer la certeza jurídica sobre la tierra y reconocer los derechos colectivos de los ejidos y las comunidades indígenas y agrarias.