La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Diana Ocón Alvarado coincidió en que los incrementos que plantea la administración municipal, en lo que respecta a multas y sanciones de carácter administrativo podrían convertirse en una aliciente para la comisión de actos de corrupción.
Aunque reconoció que es positivo el buscar que la ciudadanía respete las leyes y reglamentos vigentes, utilizando las multas como un inhibidor, en opinión de la empresaria la medida podría resultar contraproducente.

Será fundamental, en caso de que el Congreso apruebe el proyecto de Ley de Ingresos del municipio capitalino, la participación de las autoridades municipales “se va a requerir una supervisión muy ardua en cuanto a su gente, de que realmente quien esté mal pague lo que tenga que pagar pero que llegue a las arcas del municipio”.

Lo preferible para la presidenta en Durango del CCE sería mantener los tabuladores sin ninguna modificación, obedeciendo a las declaraciones de los funcionarios del Ayuntamiento de que no se busca implementar una política recaudatoria para el año próximo.

El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda fue el primero en afirmar que el proyecto entregado por el Ayuntamiento capitalino planteaba incrementos de hasta un cinco mil por ciento en alrededor de 96 conceptos de captación de recursos, entre los que se cuentan no solo las multas administrativas sino también el por el uso de espacios, por ejemplo de sanitarios en los parques.

Además, el legislador priista acusó que el gobierno de José Ramón Enríquez plantea la creación de 66 nuevos cobros para los ciudadanos locales, lo que va en contra de la afirmación de que no habrá incrementos para 2017.

Por estas causas, anunció durante la pasada sesión que el proyecto de Ley, enviado por el Ayuntamiento de la capital del estado no sería aprobado en el pleno del Congreso del estado, en las condiciones que se planteó.