El secretario de Seguridad Pública (SSP), Francisco Javier Castrellón Garza rechazó que durante el proceso de entrega recepción se haya entregado documento alguno por parte de su antecesor que acredite la contratación de una empresa dedicada al espionaje de ciudadanos en el estado.

La Red de Defensa de los Derechos digitales denunció en su estudio “El Estado de vigilancia: Fuera de control” que se determinó mediante solicitudes de información que en México son 12 estados, incluido Durango, han comprado programas para la intervención de dispositivos móviles y de cómputo durante los últimos años.

Según este estudio, las empresas Hacking Team, NSO group y FinFisher son, o habían sido proveedores de los gobiernos del Baja California, Chuhuahua, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Guerrero, Campeche y Durango.

Tan solo en el caso de Hacking Team, los contratos ascienden a unos seis millones de euros, poco más de 129 millones de pesos pese a que los gobiernos de los estados no cuentan con un marco legal que los faculte para espiar las conversaciones de los ciudadanos.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad destacó que “no hemos recibido ningún anexo en donde se agregue que se tuvo por parte de la administración pasada un contrato de esta naturaleza y por lo que respecta a esta administración y a mi área muy específicamente de la Secretaría de Seguridad Pública no tenemos ninguna situación de espionaje con nadie ni de nosotros mismos”.

El funcionario no descartó que sea otra la dependencia del gobierno del estado quien haya signado dicho contrato con una o más de las empresas que antes se mencionaron, en su caso dijo no cuenta con información suficiente para afirmar o negar la existencia de esta información respecto a la intervención de dispositivos móviles o equipos de cómputo.