Pasadas las 12 del día los representantes del grupo de Transportistas que desde el lunes se apostó a las afueras de la planta de distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex) arribaron al lugar para informar que en tres horas a partir de entonces retirarían el bloqueo.

Habían sostenido una reunión con miembros del gabinete estatal, el secretario general de gobierno Adrián Alanís Quiñonez, el titular de la Dirección General de Transportes José Jorge Campos Murillo, el secretario de Seguridad Pública Francisco Javier Castrellón Garza y el delegado de la Secretaría de Gobernación Humberto López Favela y de la Procuraduría General de la República (PGR) Rodrigo Dorantes Salgado.

La propuesta del gobierno del estado, según narró Jesús Armando Ruiz Carrete representante de la Confederación de Transportistas General Francisco Villa, quien se puso al frente con el micrófono fue que a cambio de retirar el plantón en Pemex que para este miércoles tiene 14 estaciones sin servicio y 57 con abastecimiento parcial de combustible les harán descuentos en la compra de placas y pago de refrendo.

El resto de los hombres y mujeres empezaron por negarse a gritos, primero justificando su estancia a las afueras de las instalaciones de la paraestatal, pero cuando el representante anunció que el acuerdo con las autoridades fue retirarse en un plazo de tres horas los ánimos se caldearon, lo acusaron de vendido a pesar de que trató de explicarles que otra de las razones por las que decidieron negociar su movimiento fue que la PGR les avisó que ya están integrando carpetas de investigación por daño en propiedad federal.

Para las dos de la tarde el bloqueo se desdibujaba a las afueras de Pemex, algunos ciudadanos a través del sonido pedían a los automovilistas que colocaran los vehículos en los espacios que los camiones de carga dejaban en el boulevard de la Juventud, la consigna de un pequeño grupo es mantener el bloqueo tras el retiro de los transportistas.

Armando Ruiz explicó que buscarían modificar las acciones que realizan en repudio al incremento de los combustibles, pero Francisco Javier Reyes Ortiz, representante de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa) reconoció que no se puede obligar a nadie a quedarse.

Mientras los camiones seguían yéndose criticó que los ciudadanos muestren tan poco interés en apoyar temas que les afectan de manera directa como es el incremento a los combustibles y el consiguiente aumento en las tarifas de luz eléctrica y gas.