En la sesión ordinaria del Congreso del estado, celebrada este martes, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en conjunto con el representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó dos iniciativas de reforma encaminadas a concretar las modificaciones anunciadas desde el lunes en rueda de prensa.

En el punto cuatro del orden del día, el diputado local, Luis Enrique Benítez Ojeda presentó una iniciativa para reformar el párrafo segundo de la Fracción I del Apartado A de los Artículos 60 y 61 de la Ley de Hacienda del Estado.

En el punto cinco los diputados Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Jesús Ever Mejorado Reyes, Sergio Uribe Rodríguez, Jaqueline del Río López, Alma Marina Vitela, Marisol Peña Rodríguez, Rosa María Triana Martínez, Luis Enrique Benítez Ojeda, Maximiliano Silerio Díaz, Francisco Javier Ibarra Jaquez, Adán Soria Ramírez, José Gabriel Rodríguez Villa y Gerardo Villarreal Solís presentaron otra iniciativa de Reforma al artículo 59 de la Ley de Fomento Económico de Durango.

En el caso de la primera iniciativa, el diputado Luis Enrique Benítez aseguró que el titular del Ejecutivo estatal, José Rosas Aispuro Torres incurre en una violación a la ley al anunciar que las placas se entregarán de forma gratuita a personas físicas porque la legislación actual establece que deben cobrarse.

Por ello y para enmendar la plana, los diputados del PRI votarán a favor de eliminar la figura del replaqueo y la tenencia de manera permanente y definitiva, una medida a la que hoy se sumó públicamente el diputado por el Partido del Trabajo Rigoberto Quiñonez Samaniego.

No obstante, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), José Antonio Ochoa afirmó que pese a que el PRI cuenta con mayoría en el congreso apelarán al buen juicio para que las modificaciones al paquete fiscal no sean aprobadas.

Reiteró que en caso de que se anule el cobro del impuestos por concepto de replaqueo y refrendo Durango podría dejar de percibir unos 900 millones de pesos, que significan casi el 50 por ciento de los ingresos propios del estado presupuestados para 2017.