Acusa Pemex daños por 71 mdp durante bloqueo

El presidente de la Barra Mexicana del Colegio de abogados en Durango, Martin Estrada Arreola informó que la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), culpa a los tres detenidos durante el desalojo del pasado sábado de daños que ascienden a 71 millones 500 mi pesos. Tanto Javier Reyes Ortiz, como Hiram soto Chávez y Job Gilberto Villanueva […]

10/01/2017

El presidente de la Barra Mexicana del Colegio de abogados en Durango, Martin Estrada Arreola informó que la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), culpa a los tres detenidos durante el desalojo del pasado sábado de daños que ascienden a 71 millones 500 mi pesos.

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Tanto Javier Reyes Ortiz, como Hiram soto Chávez y Job Gilberto Villanueva Berúmen son acusados de sabotaje, lo que ocasionó pérdidas según Pemex por los 71 millones durante los siete días que duró el bloqueo de las vías de acceso a la Terminal de Abastecimiento y Distribución en esta capital y daño en propiedad ajena, tras la pinta de bardas de las instalaciones, que asciende a 500 mil pesos.

El presidente de la Barra explicó que durante la audiencia inicial se dictó prisión preventiva porque en ambos casos los delitos tienen agravantes, además de que la solicitud de una fianza sería incosteable porque significaría el pago de más de 200 millones de pesos, dado el monto de los daños que reclama Pemex.

Explicó que la defensa de los acusados, que corre a cargo de la Barra confía en acreditar que ninguno de los tres detenidos tuvo responsabilidad en los delitos de los que se les acusa, toda vez que el bloqueo no fue orquestado por ninguno de ellos y tampoco hay pruebas de su responsabilidad en las pintas a las instalaciones.

La audiencia de vinculación, para el desahogo de pruebas ante el juez se llevará a cabo el próximo sábado a las once del día, debido a que la defensa solicitó que se duplicara el término para ofrecer elementos de prueba que exculpen a los detenidos.

Añadió que en el caso del delito de sabotaje, que es el más grave que se les imputa, los detenidos podrían pasar de dos a 20 años en prisión, dependiendo del grado de responsabilidad que se acredite.


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