El comisionado presidente del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Idaip), Héctor Carriedo Saenz informó que le fueron asignados al Instituto seis millones menos en el presupuesto para 2017 de los que solicitó en su anteproyecto al Congreso del Estado.

El Idaip había solicitado 20 millones 240 mil pesos para cumplir con los objetivos planteados para 2017, sin embargo el Congreso determinó otorgarle únicamente 14 millones, lo que significa con relación a lo asignado en 2015 un incremento de apenas el cinco por ciento.

Sin embargo, para 2017 el Idaip deberá cumplir con más obligaciones de las que marcaba la legislación el año pasado debido a la aprobación en mayo de 2016 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De inicio, el Idaip deberá supervisar a 30 sujetos obligados más, al pasar de 117 en 2016 a 147 en 2017, además de que las nuevas facultades lo obligan a apoyar a aquellos sujetos obligados, por ejemplo Ayuntamientos, que no cuentan con la infraestructura suficiente para cumplir con las obligaciones recién adquiridas en la Ley.

En Durango, significa que el Instituto deberá apoyar a 36 de los 39 municipios que conforman el estado, toda vez que solo Durango capital, Gómez Palacio y Lerdo en la región Laguna tienen una población superior a los 70 mil habitantes.

Esto significa reforzar la infraestructura tecnológica y humana del Instituto, pese a que el Congreso consideró no prioritario asignar el presupuesto requerido para el año que apenas comienza.

Carriedo Saenz da algunas pinceladas de las necesidades urgentes del Idaip al mencionar que en el área de sistemas, los lineamientos nacionales marcan que deben ser como mínimo cinco las personas encargadas, Durango cuenta con un técnico para todo el estado.

Además, el área de verificación, seguimiento y evaluación de sujetos obligados, ahora 147 solo en Durango entre dependencias gubernamentales, sindicatos, fideicomisos, organizaciones civiles y más, cuenta con apenas tres personas.

Hay proyectos que deberán buscar financiamiento bajo otro esquema, como por ejemplo el Proyecto de archivos, que si bien es cierto no existe una Ley General de Archivos la nueva legislación en materia de transparencia exige lineamientos muy claros sobre el tema, que para cumplirse necesitan recursos económicos que no fueron aprobados.

La mayoría de las metas del Instituto están a contra reloj, ya que para mayo de este año el 100 por ciento de los sujetos obligados deberán tener cargada en la Plataforma Nacional de Transparencia la información obligatoria según la legislación y hasta el momento el nivel de avance es mínimo en Durango.

Pese a que el Congreso no designó los recursos necesarios para hacer frente a las nuevas obligaciones, el comisionado considera que el hecho de que la administración estatal haya marcado como primer eje de gobierno la transparencia es un buen inicio, esto recuerda a los duranguenses que la transparencia no es una opción sino una obligación.