La presidenta de la Asociación de Abogados Litigantes en el estado, María de Jesús Galarza Flores señaló que ante el incremento en el índice de criminalidad que la situación económica pudiese provocar en el estado, el Sistema de Justicia Penal se vería afectado de manera significativa en el proceso de juicios orales.

Apuntó que ante un año económicamente difícil, los delitos que registran el mayor incremento son los robos, no en su modalidad de robo común sino los que tienen que ver con la sustracción de bienes en casas habitación.

Además, los asuntos en materia mercantil podrían experimentar un aumento, debido a que fueron muchos los ciudadanos que no previeron el efecto del incremento de combustibles y se endeudaron o sobre endeudaron al final del año anterior.

También, a nivel familiar se prevé que haya un escenario complicado, toda vez que los asuntos de divorcio van a la alza cuando la situación económica empeora, explicó la presidenta de los abogados litigantes.

Todo lo anterior, sumado al hecho de que serán muchas las personas que no estén en condiciones de pagar un abogado particular y ante un problema legal habrán de recurrir a la defensoría pública, quienes se verán sobrecargados de casos.

Pero también, la mecánica de juicios orales podría verse afectada “actualmente se están celebrando en las Salas de juicio Oral aproximadamente entre 50 y 60 audiencias diarias, es muchísimo, llegamos y están las audiencias empalmadas porque son poquitas salas, no se acaba de desahogar cuando sigue otra”.

Esto ha provocado que tanto los defensores públicos como los juzgadores estén saturados de trabajo y resuelven los asuntos de manera rápida, en este contexto apuntó, vale la pena analizar si los estándares de impartición de justicia son correctos.

Galarza Flores apuntó que los abogados litigantes, tienen el compromiso de no incrementar sus honorarios, aunque ello vaya en detrimento de sus ingresos primero para apoyar a los clientes potenciales y luego para no quedar en desventaja laboral y profesional, debido a que no hay recursos para realizar el pago de una defensa particular.