Este martes, la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Maite Vivó Prieto, acompañada por los representantes de otros organismos empresariales presentó una iniciativa de Ley modelo para la homologación del Sistema Estatal Anticorrupción, que debe estar listo a más tardar en julio próximo.

“Está conformada por 45 artículos, cinco títulos y nueve capítulos, el objetivo es integrar a Durango a un Sistema Nacional Anticorrupción de la manera más exitosa posible y para ello propone que el Sistema esté integrado por un Comité coordinador local presidido por un ciudadano”.

La iniciativa pretende que participen de manera coordinada la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), la Fiscalía Especializada, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado (Secoed), el Poder Judicial y el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública (Idaip).

La propuesta de Coparmex, prevé además la integración de un Comité de Participación Ciudadana que vigile el cumplimiento de las obligaciones del Comité Coordinador Local que estará, como ya se mencionó, integrado por representantes de organismos oficiales y la creación de una Secretaría Ejecutiva, con personalidad y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para dar certidumbre financiera al Sistema.

Vivó Prieto aseguró que en Durango no será problema la integración del Comité Ciudadano y encontrar el perfil idóneo de quien presida el Comité Coordinador “estoy segura que todos están abiertos y en la mejor disposición de irse capacitando y formando, habrá que hacer una buena selección, pero hay muy buenos perfiles en el estado”.

Coparmex urgió a los miembros de la LXVII legislatura a agilizar la homologación del Sistema Estatal, ya que la implementación de Sistema Nacional, del que parte la iniciativa establece que en julio de 2017 debe haber sido aprobado.

Además de la iniciativa del sector empresarial, el titular del Ejecutivo envió también una propuesta de lo que será el Sistema Estatal anticorrupción, la cual destaca la necesidad de que haya participación ciudadana pero basa la iniciativa en una Fiscalía y en la reforma al Tribunal de Justicia Administrativa para investigar y castigar actos de corrupción.