Información por Citlali Haros

Fotografía por Karla Jáquez

La tarde de hoy, duranguenses y organizaciones salieron a las calles para protestar contra el aumento de la gasolina, el cual se dará el próximo viernes tres de febrero en todo el país, además exigían una austeridad “real” y exhortaban a la ciudadanía al rechazo nacional de las estructuras del presidente de la nación Enrique Peña Nieto.

En la marcha que inicio en el jardín de San Antonio para culminar en la plaza de armas, asistieron alrededor de 500 personas y 45 organizaciones como la Barra de Abogados de Durango, la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa), Más Unidos por Durango, la Federación de Colegios de Profesionistas de Durango (FECOP), el Frente Social y Sindical por los Derechos Humanos, Despierta Durango, Durango Unido, el Consejo Coordinador Obrero Popular (COCOPO), entre otras.

 
Fue así que, en las pancartas que portaban los ciudadanos se podía leer “No al gasolinazo”, “Lárgate Peña traidor”, “No al gasolinazo, únete al pueblo!, igualmente algunas de las consignas que se gritaban eran “el pueblo unido jamás será vencido”, “de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha cueste lo que cueste”.

 
Por su parte, el presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados de Durango, Martín Estrada Arreola, expresó que se le exige al gobierno un posicionamiento y resolución que asegure no aumentará la gasolina, esto después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunciara que en octubre no se dará otro gasolinazo.

Asimismo, Estrada Arreola puntualizó que sí no se obtiene una respuesta eficaz y rápida por parte del gobierno, tomarán el H. Congreso el Tribunal Superior de Justicia e inclusive oficinas federales, para así generar presión en las autoridades.

 
Finalmente, en la plaza de armas el dirigente de Más Unidos por Durango, Sotero Herrera declaró que se debe poner fin a los abusos por parte del gobierno, de igual forma explicó se debe de exigir una austeridad “real” a los políticos y un 50 por ciento de reducción a los salarios de funcionarios de primer nivel.