Critican organizaciones abusos en nombre del gobierno

Organizaciones sociales denunciaron que los desalojos de familias que han realizado de manera irregular algunos particulares en predios de la capital se han hecho bajo el argumento de amistades con el gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres. “Hemos estado viendo con tristeza que ninguno de los funcionarios del gobierno han estado haciendo su trabajo, […]

14/02/2017

Organizaciones sociales denunciaron que los desalojos de familias que han realizado de manera irregular algunos particulares en predios de la capital se han hecho bajo el argumento de amistades con el gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres.

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“Hemos estado viendo con tristeza que ninguno de los funcionarios del gobierno han estado haciendo su trabajo, desde el mes de septiembre que el doctor Aispuro tomó las riendas de Durango parece que aquí hay varios gobernantes, cada director de cada dependencia se siente gobernante y hace lo que le da la gana”, denunció Félix Rodríguez Nájera.

Acusó que posterior a los desalojos se ha solicitado audiencias con el gobierno del estado y no han tenido respuesta, a pesar de que estas expulsiones se hacen sin una orden judicial. Leopoldo Aldama acusa que Isabel Herrera Gurrola “Llevo maquinaria, dice que es amigo del gobernador y tumbó jacales, siete jacales de 20 gentes, tumbó y cercó y ayer lo citaron en la Fiscalía y no fue”.

Esto en un predio ubicado cerca del Fraccionamiento Ignacio Zaragoza por un adeudo de unos 300 mil pesos de las familias que fueron desalojadas, quienes previamente ya habían pagado 35 mil pesos como parte del pago de terrenos.

Otro caso de desalojo sucedió en la colonia Gobernadores, esto en octubre pasado a cargo de elementos de la Policía Estatal a pesar de que Ricardo Karam no ha acreditado la propiedad de la tierra porque no eran ni ejidales.

Entonces fueron unas 150 familias y a pesar de que se presentó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no ha habido ninguna respuesta.

En el caso de la colonia la Ponderosa, donde viven 280 familias, la exigencia es que no se permita la intervención de la lideresa Cipriana Leyva Casillas en la regularización de los terrenos por la acumulación de denuncias en su contra por robo, agresiones y abusos contra de la población.


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