A pesar de que desde 2012 la empresa Excellón SA de CV y los ejidatarios de la Sierrita iniciaron un litigio por incumplimiento de contrato, no se han detenido las actividades de extracción minera en la zona en disputa.

El presidente del comisariado ejidal de la Sierrita en el municipio de Tlahualilo, Juan Daniel Pacheco Álvarez denunció que la instrucción para que las actividades de la empresa se mantuvieran de manera normal vino de la administración de Jorge Herrera Caldera, quien apoyó de manera directa a la empresa canadiense.

No ha importado que el pago de obligaciones tales como la renta por el terreno ocupado se haya detenido a causa del proceso legal desde hace ya cuatro años, cuando los ejidatarios exigieron que la empresa cumpliera no solo con las cláusulas económicas del contrato sino también con las sociales.

Entre ellas se incluye la construcción de una planta tratadora de agua para el ejido, la creación de una cooperativa de transporte de material a cargo de los ejidatarios dueños del terreno donde se instaló la mina y la contratación de los miembros del ejido como parte de la plantilla de trabajadores.

El proceso legal mientras tanto entró en una pausa debido a que tanto los ejidatarios como la empresa presentaron recursos de amparo por las sanciones interpuestas por un juzgado de distrito que obliga a pagar cinco millones 600 mil pesos al ejido por incumplimiento de contrato y cinco millones 500 mil pesos a la empresa por no instalar la planta tratadora de agua.

Pacheco Álvarez prevé que la resolución de los amparos se habrá de extender más de tres meses debido a que se trata de un caso en el que hubo intervención del gobierno del estado en el sexenio anterior.

Por ello han solicitado al nuevo gobierno, a través de la oficina de enlace ubicada en la región Laguna una audiencia con el titular del Ejecutivo, José Rosas Aispuro Torres o en su defecto con el secretario General de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones a cual no ha sido concedida.