Desde el pasado 15 de febrero una funcionaria de la Dirección de Auditoría Fiscal, adscrita a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) fue inhabilitada al comprobarse que cobraba a usuarios para agilizar trámites.

La secretaria de la Contraloría, Maria del Rosario Castro Lozano informó que la ex funcionaria fue cesada e inhabilitada por un lapso de un año para ocupar cualquier cargo, empleo o comisión en el servicio público.

Esto luego de que “la servidora pública obtuvo beneficios adicionales a las contra prestaciones que el estado le otorga por su desempeño, ya que se acreditó que solicitó una cantidad de dinero a un contribuyente a cambio de arreglarle un trámite”.

Rosario Castro informó que no es el único caso que investiga la Contraloría, derivado de denuncias ciudadanas y aunque no aportó mayores datos señaló que las dependencias más sensibles son la propia Secretaría de Finanzas y Administración y la Dirección del Registro Civil, donde hace meses se señaló que no fueron ingresados los recursos que se pagaban por la celebración de bodas al aire libre.

“A cada denuncia que se nos llegara a presentar vamos a estar dando un seguimiento muy puntual de la misma, con los operativos de sondeo, con los buzones, en lo personal pero con las quejas formales” y para ello pidió a la ciudadanía que confíe en las autoridades y presenten una denuncia en caso de ser víctimas de alguna irregularidad al solicitar algún trámite o servicio.