El presidente del Consejo Consultivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Javier Quiñones Ruiz aseguró que no tienen ningún pronunciamiento respecto al resultado de las auditorías en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (Secope) y el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifeed) en los que se ha acreditado el pago de obra no ejecutada.

“En la cuestión de la Contraloría nosotros no podemos intervenir. Si hay obras pagadas y no ejecutadas la contraloría tendrá un procedimiento que hacer e ir contra las empresas a a las que se les pago o contra la gente que lo hizo, nosotros somos ajenos al tema”.

La Secretaría de la Contraloría informó que en el caso de Secope, se calcula que las obras no ejecutadas por las que si se pagó a los constructores asciende a unos 391 millones de pesos, mientras que la auditoría al Inifeed arrojó irregularidades en este renglón por poco mas de cuatro millones 136 mil pesos.

En general dijo, los constructores en el estado están a la espera de que se liberen los recursos para iniciar con las licitaciones de obra pública “queremos organizarnos para aglutinarnos y que no vengan empresas foráneas a participar, necesitamos estar en armonía para que la obra se quede en Durango”

Si bien no puede hablarse de una iniciativa como la Ley de Adquisiciones que se aprobó apenas el pasado jueves en el Congreso del Estado, los constructores piden que se mantenga el compromiso de asignar el grueso de los proyectos a empresas locales para fortalecer con ello la economía local.