Según el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (Cidac), Durango ocupa el décimo lugar en la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acsatoria, esto a pesar de que fue el primer estado en el que entró en vigor a nivel nacional.

En noviembre de 2014, Durango, junto con el estado de Puebla fueron las entidades en las que debutó el entonces llamado, nuevo Sistema de Justicia Penal, cuyo eje central es la oralidad de los juicios.

La Reforma Constitucional que creó el Sistema De Justicia Penal Acusatorio se aprobó en el Congreso de la Unión en junio de 2008 y entonces se estableció que cada estado tendría un periodo de ocho años para la implementación de dicho Sistema.

Dado que Durango fue uno de los primeros estados en los que se echó a andar este nuevo modelo de justicia, el anterior presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Apolonio Betancourt Ruiz afirmó que era uno de los referentes debido a que a nivel nacional fue el que completó el 100 por ciento de la implementación.

Para 2016, sin embargo, Durango fue rebasado por estados como Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Querétaro, Nuevo León, Yucatán, Puebla, Zacatecas y Tabasco en el ranking de la consolidación del modelo.

Entre los cuestionamientos están el vertido por el presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Martín Estrada Hernández quien afirmó que la lentitud de la justicia local tiene que ver con una saturación de los agentes del Ministerio Público.

Y es que además de que la implementación del Sistema se dio con el personal que ya se tenía en el poder Judicial, lo que significa arrastrar los vicios del viejo sistema, los agentes deben ser todólogos, es decir dar fe de los hechos, investigar y además acudir a presentar los alegatos ante el juez, lo que provoca una saturación de casos.

Por esta causa, en Durango, además del 94 por ciento de los delitos que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se cometen pero no se denuncian al menos el 80 por ciento de las víctimas que si acude a la Fiscalía General del Estado (FGE) termina por desistirse de la denuncia al no observar avance en las investigaciones.