Derivado de las auditorías realizadas a la Secretaría de Salud en el Estado (SSD), el consejero jurídico del gobierno del estado, Galdino Torrecillas Herrera informó que se giró orden de aprehensión en contra del ex titular de la dependencia, Eduardo Díaz Juárez y de la ex directora Administrativa María de Lourdes Eugenia Díaz Herrera.

El consejero jurídico explicó que las ordenes de aprehensión en contra de ambos ex funcionarios se basan en la presunta comisión de los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, las cuales están tipificadas en el artículo 334 del Código Penal del estado.

“Así como probable desvío de recursos en perjuicio de la dependencia y entidad antes señalada, encargada de la salud por un monto total de 53 millones 22 mil 11 pesos”, esto en la adquisición de un expediente clínico electrónico.

Dicha adquisición se dio por medio de un proceso de adjudicación directa con la empresa PACS computación SA de CV, cuyo contrato por 82 millones 509 mil 988.14 pesos y estuvo vigente desde el 1ro de agosto de 2013 hasta el 31 de julio de 2016.

El contrato tenía como propósito la puesta en marcha del expediente clínico electrónico, en el Hospital 450 de esta capital y para su operación, adicionalmente se entregó a la misma empresa, PACS computación, un contrato de siete millones 490 mil 11 pesos, también por adjudicación directa para el equipo que permitía manejar el mismo.

Entre las irregularidades se encuentra el hecho de que en ningún momento se cumplió con lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Estado de Durango, en lo que compete a los procedimientos de adjudicación directa porque no se justificó la adquisición de este producto.

Además de que “dicho expediente electrónico en ningún momento funcionó al 100 por ciento conforme a lo contratado, ya que derivado de una prueba pericial que se aportó como elemento de prueba a la carpeta de investigación arrojó que no cumple ni al 50 por ciento de sus servicio”.

Sin embargo, tanto el titular de los Servicios de Salud, como la Directora en ningún momento cancelaron el pago de las facturas a pesar del deficiente servicio que prestaba la empresa a través del contrato y tampoco sancionaron a la empresa por el servicio deficiente.

El consejero jurídico no descartó que en próximos días se amplíe la denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se investigue también la presunta responsabilidad de la empresa en el desvío de recursos .

Cabe destacar que ambos ex funcionarios cuentan actualmente con un recurso de amparo, a pesar de lo cual tendrán que comparecer ante el juez que giró la orden de aprehensión ya que al menos Díaz Juárez fue citado a comparecer y se negó con el pretexto de que tenía asuntos profesionales fuera del estado.

En caso de que ninguno de los acusados acuda de manera voluntaria ante el juez el amparo quedará sin efecto y la orden de aprehensión podría ser ejecutada en cualquier momento.