Van dos profesores detenidos y la Fiscalía General del estado tiene ordenes de aprensión para 20 más

La fiscal general del estado, Sonia Yadira de la Garza confirmó que en las últimas horas son dos los maestros detenidos por los delitos de privación de la libertad y motín y se tiene orden de aprensión en contra de 20 personas más, derivado de las manifestaciones en contra de la Reforma Educativa de los últimos meses.

Aunque de inicio, de manera extraoficial se dijo que serían más de diez los profesores detenidos, la fiscal informó que solo Joel Díaz Bueno y Ramiro Ramírez fueron privados de la libertad, el primero de ellos la tarde noche de ayer y el segundo hoy por la mañana.

Además de ejecutar las órdenes de aprensión, los elementos de la Dirección Estatal de Investigación (DEI) realizaron cateos en cuatro domicilios de líderes magisteriales, aunque la funcionaria no precisó el motivo de estos registros domiciliarios.

Contrario a las afirmaciones de Jesús Carrillo Soto, uno de los integrantes del Magisterio Unido de Durango de amenazas y hostigamiento por parte de la autoridad, la fiscal recalcó que cada uno de los actos violentos fue iniciado por los mismos profesores.

Algo en lo que el secretario General de gobierno, Miguel Ángel Olvera Escalera, coincidió ya pidió que en caso de que los manifestantes tengan pruebas de abuso policial u hostigamiento, ellos deberán presentarlas.

De la Garza explicó que la razón por la cual fueron ejecutadas las ordenes de aprensión, apenas hasta este miércoles, que coincidió con la manifestación de los docentes a las afueras del recinto en el que el gobernador del estado presentaba su VI informe de gobierno, fue porque la autoridad estatal pugnó por mantener el diálogo.

Las demandas sin embargo, fueron imposibles de cumplir para la autoridad estatal ya que los maestros solicitaron el pago de un salario que depende del gobierno federal, quien al no haber sido evaluados ordenó la suspensión.

Además dijo hasta ayer se mantuvieron mesas de negociación con los docentes y fueron ellos quienes decidieron retirarse. Los integrantes del Magisterio argumentan que lo único que buscaban al presentarse en grupo al sitio en el que Herrera Caldera rendía su informe era hacer uso de su derecho de audiencia, pero fueron reprimidos.

“Eso nos tiene muy preocupados, compañeros que fueron detenidos en su casa, otros en la calle, estamos en contra de esta represión, pedimos al Sr Gobernador que se haga justicia, estamos en un estado civilizado en el que no necesitamos este tipo de cosas”, sentención Carrillo Soto sobre la presencia de granaderos en los alrededores del congreso del estado a dónde acudieron a solicitar apoyo legislativo.

Las penas establecidas para los delitos de privación de la libertad y motín van de dos a cuatro años de prisión, en el primer casi y de seis meses a siete años de cárcel, en caso de encontrarse culpables.