El presidente de la Organización Interamericana de Consejos Ciudadanos (OICC), Carlos Güereca Prado criticó que en México la atención a víctimas es inoperante e ineficiente, de ahí que los resultados hayan sido pocos.

En el marco de la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada en el Congreso de la Unión, Güereca Prado criticó el costo que ha tenido para los mexicanos el pretender que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones.

Prueba de ello es la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción replicado en las 32 entidades de la República, el cual a la fecha no opera y la nueva ley se perfila en este sentido, afirmó.

“Otras fiscalías adicionales como es el caso de Atención a Víctimas, por supuesto es necesario atender este tema pero está costando mucho y los resultados, la realidad es que han sido muy pocos”.

Hay cuestiones que deben abordarse, como por ejemplo el hecho de que la mayoría de las desapariciones no entran dentro de la figura jurídica de desaparición forzada, la cual requiere de participación del Estado, es decir de autoridades como policía o ejército.

En Durango, hasta 2016 se habían detectado 18 fosas clandestinas, en las cuales se contabilizó un total de 386 víctimas, la mayoría del sexo masculino, sin embargo, la Fiscalía General del Estado no publica el número de denuncias por desaparición forzada.

Otro de los cuestionamientos a la nueva ley, que crea un Sistema Nacional de Búsqueda, un Consejo Ciudadano y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas es que en realidad no hay recursos para echar a andar este engranaje.

Además de que no se ha resuelto uno de los temas más básicos de la búsqueda de personas que es la identificación de víctimas localizadas en fosas clandestinas en prácticamente todo el país.

En opinión de Carlos Güereca se debe resolver primero el tema de la capacitación del personal de gobierno involucrado en la búsqueda para continuar con la resolución de los casos.