Las detenciones de dos compañeros más que apagar el Movimiento aviva la llama del descontento

El Magisterio Unido de Durango (MUD) respetará la decisión de los maestros que deseen tomar la oportunidad que está gestionando el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación para establecer una nueva fecha de evaluación para el desempeño, señaló Jesús Carrillo Soto, vocero del Movimiento.

“Respetaremos el derecho de los maestros a evaluarse tal como se ha hecho, a ningún maestro se le ha impedido que presente la evaluación, lo que seguiremos haciendo es informarle a los compañeros maestros sobre las consecuencias drásticas sobre presentar el examen”, sentenció Anibal Lerma Meza, otro de los voceros del Movimiento.

Apenas este lunes, el gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera anunció que hasta el momento unos 70 docentes, de los 214 que serán dados de baja se han acercado a la Secretaría de Educación con argumentos del por qué no acudieron a presentar el examen en la fecha que este fue planteado de manera oficial.

Para los miembros del Magisterio local que se oponen a implementación de la Reforma Educativa, porque obliga a cada uno de los docentes en el país a evaluarse, esto de ningún modo significa que la lucha vaya a detenerse, al contrario apuntó, la detención de Joel Díaz Bueno y de Ramiro Ramírez aviva la llama del desacuerdo.

“Determinar que el apresamiento y posterior encarcelamiento de los compañeros pudiera influir de manera negativa sería desconocer esas cuestiones sociales de las movilizaciones, pudiera parecer que inhiba pero por otra situación pudiera fortalecer, que renazca ese coraje, pudiera ser que se fortalezca”, sentenció Lerma Meza.

Las actividades que realizará el Magisterio a nivel local durante el próximo regreso a clases aún están definiéndose debido a que cada docente solo puede faltar tres días durante un mes y se está planteando la posibilidad de una movilización nacional, de la cual aún no se ha establecido una fecha.

Además de la posibilidad de manifestarse los profesores seguirán con la ruta jurídica a través de los amparos que se están gestionando a nivel nacional y que buscarán incluso instancias internacionales para evitar los despidos.