Gómez Palacio, Dgo.- Integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, pidieron detener la represión en contra de quienes rechazan la instalación de una planta de cianuro de sodio en el poblado Pueblo Nuevo El Siete, perteneciente al municipio de Gómez Palacio.

Tras la reyerta del pasado viernes en la comunidad La Aurora, representantes de esa agrupación demandaron la liberación de los detenidos, algunos de quienes según dijeron, estaban lesionados y hasta el sábado no se les había dado la atención médica que requerían.

Hipólito Trujillo Silva, maestro jubilado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Torreón, Coahuila, insistió en que la manifestación era pacífica y que los elementos de las agrupaciones policiacas ya tenían la orden de la alcaldesa, Leticia Herrerta Ale, de agredirlos para romper la protesta en contra de Chemours Company.

Reconoció que hay temor entre los pobladores por la presencia de patrullas en las comunidades, lo que consideraron un acto de intimidación, “pero también odio y coraje contra sus autoridades por lo que les hicieron”.

Mantendrán su postura de no permitir la operación de la empresa productora de cianuro de sodio, pues aseguran que contaminará los mantos acuíferos de la zona.

Finalmente hicieron un llamado a la alcaldesa, Leticia Herrera y al gobernador, José Rosas Aispuro Torres, para que se presenten ante la comunidad y les den una explicación de lo que está sucediendo, “no deben tener miedo”, aseguró.

Asimismo, por la tarde del sábado en la Vicefiscalía, se presentó Juan José Rojas, abogado del Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi” de Torreón, y condenó la actuación de los gobiernos municipal y estatal por los enfrentamientos de policías con civiles, afirmando que hay protocolos que deben aplicar para atender estas movilizaciones.

Señaló que inmediatamente después de la detención, las personas debieron ser trasladadas a la Vicefiscalía, directamente con el MP para declarar y que se abrieran las carpetas de investigación correspondientes, pero dicen que se las llevaron a la Policía Municipal, donde estuvieron incomunicadas, por lo cual exigió que fueran liberadas.

Reitero que la actuación de la policía contra los manifestantes, es una clara violación a la Convención los Derechos Políticos, Económicos y Sociales pues “no se está respetando la libre expresión y asociación de las personas que no están de acuerdo con la instalación de la empresa”.