Las multas económicas serán de hasta dos mil salarios mínimos para los sujetos obligados que violen la legislación

Héctor Octavio Carriedo Sáez, consejero presidente del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Idaip) destacó que en la propuesta que presenta el organismo para la homologación de la legislación local con respecto a la Ley Anticorrupción y de Transparencia deberá reforzarse el tema de sanciones a sujetos obligados.

La Ley Estatal de Transparencia, dijo, deberá contener plazos mínimos de reserva y menos restricciones para obtener la información, además de definir claramente quiénes son los sujetos obligados, solo así podrá hablarse de una legislación en favor de los ciudadanos duranguenses.

Sobre las medidas de apremio y sanciones, Carriedo Sáenz informó que en la propuesta que impulsan tanto el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) como el propio Idaip contempla un incremento en las sanciones económicas y el fortalecimiento de las medidas de apremio.

Actualmente las sanciones económicas que marca la legislación local para quienes violen la Ley de Transparencia son muy bajas, algunas son por apenas cinco salarios mínimos, lo que significa que es más grave el punto de vista moral del funcionario o que su incumplimiento sea del conocimiento público, afirmó.

Por ello, la propuesta del Idaip incluye “Sanciones que van desde la amonestación hasta multas significativas a los sujetos obligados que incumplan con la presentación de la información y que obstaculicen el acceso o se nieguen a cumplir las determinaciones del Instituto”.

Aunque la Ley de Transparencia no contempla las penas corporales, si se hablará de inhabilitar a funcionarios públicos que incurran a violaciones graves y los montos de las sanciones económicas podrán ser de 500 hasta dos mil salarios mínimos, según la violación.