El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (Idaip), dio a conocer que luego de una evaluación hecha por la empresa de consultoría de estados y municipios ARegional, Durango está entre las entidades que no aprobaron, sin embargo, sus métodos de evaluación son diferentes a los que establece tanto la Plataforma Nacional de Transparencia como los gobiernos estatales.

La dependencia descentralizada, también comentó que el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal 2018 (ITDIF 2018), fue elaborado por la empresa de consultoría a estados y municipios, como un instrumento estadístico que mide la disponibilidad de la información financiera y fiscal de los estados, con una óptica y criterios propios y totalmente diferentes a los usados por las dependencias gubernamentales y de la Plataforma Nacional.

Es importante mencionar que conforme lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango y con el propósito de promover y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, el Idaip realiza la verificación, seguimiento y evaluación de la carga de información de los sujetos obligados del estado, en la Plataforma Nacional de Transparencia y en sus respectivos portales de Internet.

Desde 2017 se ha incrementado el nivel de cumplimiento en transparencia de todos los sujetos obligados del estado, y ese mismo año se realizaron 476 verificaciones, que arrojaron un promedio general de cumplimiento del 72 por ciento en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y 50 por ciento en los portales locales WEB.

Cabe destacar que el programa anual de verificación y evaluación vinculante 2018 del Idaip, contempla la generación de un dictamen que contenga las áreas de oportunidad de cada sujeto obligado evaluado, para que solvente los requerimientos y observaciones del proceso de verificación.

De acuerdo con los resultados de la primera verificación generada en el ejercicio 2018, los 59 sujetos obligados del Poder Ejecutivo observaron un nivel de cumplimiento general del 84.5 por ciento en sus obligaciones de transparencia.