El Tribunal Estatal Electoral (TEE) determinó este lunes restituir como secretaria ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) a Zitlali Arreola del Río por considerar que hubo violaciones al debido proceso y que además se le negó el derecho de audiencia.

En el proyecto, presentado por el magistrado presidente y aprobado por unanimidad, Raúl Montoya Zamora destacó que no se trata de un asunto de carácter laboral, ya que se argumenta la pérdida de la confianza, sino de una violación de los derechos políticos de la funcionaria al negársele la posibilidad de ocupar un cargo público.

En entrevista, el magistrado detalló que la resolución del Tribunal no se pronuncia en torno a las presuntas irregularidades en las que, según el Consejo General del IEPC, incurrió la funcionaria durante el ejercicio de sus funciones y que le valieron ser destituida del cargo.

La resolución dijo, solo garantiza el respeto que tiene Zitlalli Arreola del Río como ciudadana mexicana y por ello se ordena que en un plazo no mayor a 24 horas el Consejo la restituya en el cargo que ocupaba hasta el pasado 28 de abril.

En el proyecto elaborado por Montoya Zamora también se toma la previsión de que las decisiones que haya emitido el encargado de despacho desde que fue nombrado y hasta que se cumpla la resolución del Tribunal deben respetarse, en un afán de no entorpecer el desarrollo del proceso electoral.

Asimismo, se contempla un apercibimiento para la titular del área de Contraloría interna por las violaciones antes descritas y por el hecho de que la firma del consejero presidente, Juan Enrique Kato Rodríguez no aparece en la copia certificada ni en el documento electrónico, lo que automáticamente invalida el procedimiento de destitución

Posterior a la resolución, el consejero presidente del IEPC, Juan Enrique Kato Rodríguez informó que acatarán la decisión del Tribunal, sin embargo debido a que la mayoría de los integrantes de dicho consejo no confían en la actuación de la ex funcionaria se procederá a indemnizarla.

La consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez, a su vez, aseguró que en su opinión no hubo violación al derecho de audiencia como señaló el Tribunal puesto que la funcionaria cesada estuvo en a sesión en la que se aprobó el acuerdo para destituirla y a pesar de que hizo uso de la palabra en ningún momento esgrimió argumentos que contravinieran las acusaciones en su contra.