En lo que va del año han sido 24 los servidores públicos sancionados por la Secretaría de la Contraloría, cinco de los cuales han terminado con la destitución del funcionario, informó el titular de la dependencia Jazon Eleazar Canales García.

“De estas 24 las más graves son unas destituciones y unas inhabilitaciones que van del término de seis meses a tres años, las conductas que se sancionaron, algunas de ellas fueron por que no ingresaban el recurso de manera inmediata en alguna recaudación, otras fueron por tratos excesivos de maestros hacia alumnos y otras por presentar incapacidades falsas”, explicó.

En 2015 fueron 62 los funcionarios públicos a quienes la Secretaría aplicó alguna medida disciplinaria por conductas inapropiadas en el cumplimiento de su deber, ese mismo año las sanciones de carácter económico a estos funcionarios sumaron un millón 200 pesos.

Este año, destacó el funcionario estatal, las multas suman ya alrededor de 270 mil pesos, las cuales al igual que otras sanciones como inhabilitaciones, destituciones o suspensiones están sujetas a que el funcionario acuda al Tribunal de Justicia Administrativo para si impugnación.

Sin embargo, el contralor estatal destacó que hasta la fecha ninguna de las resoluciones emitidas por la Secretaría de la Contraloría ha sido revocada por el Tribunal.

Sobre las multas económicas al menos un 28 por ciento, tanto de 2015 como de 2016 han sido impugnadas, razón por la cual aún no se ha realizado el pago de las mismas, es decir, sigue el proceso abierto.

Sobre el tiempo que tarda la Secretaría en emitir una resolución sobre un procedimiento de sanción, Canales García explicó que es variable, debido a que una vez que la Contraloría lleva a cabo su investigación y llega a una conclusión el funcionario tiene la posibilidad de impugnar dicho resolución.

Esto dijo, puede tardar desde tres meses hasta un año, dependiendo del rumbo que tome el procedimiento en cuestión.