En rueda de prensa, Eduardo Bailey Elizondo informó que no se separará del cargo de director del Centro Durango de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a pesar de que el gobierno de Nuevo León lo acusa de peculado, ejercicio indebido de funciones y delitos contra el patrimonio del estado.

El funcionario federal informó que ya fue tramitado un amparo por su equipo de abogados el cual le permitirá seguir el proceso legal en su contra y por ello no cree justo separarse del cargo ya que no ha cometido ningún delito.

Aseguró que la persecución legal en su contra tiene raíces políticas, ya que él era el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el proceso en el que Jaime Rodríguez, resultó electo como gobernador.

Entonces acusó se trata de un intento del gobernador independiente de cumplir con sus promesas de campaña de encarcelar a todos los ex funcionarios convirtiéndolo en un chico expiatorio.

Sobre su salida del hospital San Jorge, la tarde del viernes, luego de que agentes de la Fiscalía General del Estado y de la Procuraduría de Nuevo León le leyeran sus derechos y lo trasladarán a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), Bailey Elizondo aseguró que no se considera una huida porque se trataba de una orden de presentación y no de aprehensión.

Sin embargo, Durango Press tuvo acceso al oficio 16970/2017 emitido por el poder Judicial de aquel estado y firmado por la juez de control Irma Morales Medina en el que se establece que se trata de una orden de aprehensión en contra de Eduardo Alonso Bailey Elizondo y otra persona de nombre Pedro Morales Somohano por los delitos antes descritos.

Bailey Elizondo aseguró que estos días en los que estuvo ilocalizable le permitieron a él y a su equipo de abogados marcar la estrategia que habrá de seguir para su defensa legal.