En los cuatro casos que se ventilan ante el Poder Judicial de la Federación en relación al alcalde José Ramón Enríquez Herrera, se le ha concedido la suspensión al presidente, la consecuencia jurídica es de gran magnitud, que implica que el Congreso no puede ejecutar lo que determinó,  informó el juez administrativo, Ernesto Aguilar.

Si una autoridad judicial federal ya determinó que está suspendido el procedimiento, el Congreso tiene que acatar tal disposición.

“Ni lo puede hacer comparecer a la amonestación pública, ni cobrar la multa que impuso, ni puede inscribir la sanción en el libro de funcionarios sancionados, y lo más importante no puede desahogar ese procedimiento raro que querían hacer para proceder a la destitución”.

En lo que corresponde a los procedimientos que ha instaurado el Congreso del Estado contra José Ramón Enriquez en su carácter de alcalde, se han ventilado seis juicios en total, se trata de dos electorales, dos juicios de amparo y dos controversias constitucional.

Al respecto, expuso el juez que cualquier albazo o pequeño movimiento que pretenden hacer para violar la suspensión, será informado, “no se trata de un aspecto de revanchismo, se trata de respetar la norma”.