El resultado preliminar de la fiscalización que realizó tanto la Secretaría de la Función Pública (SFP) como la Auditoría Suprior de la Federación (ASF) arrojan observaciones para la Secretaría de Salud en el estado por 212 millones 438 mil 914.17 pesos en el ejercicio fiscal de 2015.

Por esta razón, se rechazó la cuenta pública del año en cuestión por las autoridades federales y al menos 23 ex funcionarios de la administración de Jorge Herrera Caldera enfrentan una probable responsabilidad administrativa y resarcitoria, informó la titular de la Secretaría de la Contraloría (Secoed), María del Rosario Castro Lozano.

En total a la Secretaría de Salud se le hicieron 165 observaciones por el ejercicio fiscal de 2015, de las cuales solo 28 fueron aclaradas, lo que deja un total de 137 pendientes.

La Auditoría Superior de la Federación auditó el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, en donde destaca el concepto de no entregar los expedientes para validar la compra de equipo médico.

En este renglón también destaca la observación realizada por no entregar los expedientes y los contratos de siete procesos de licitación que se integran por cuatro licitaciones públicas y tres adjudicaciones directas, por lo que no se logró determinar si el monto pagado fue igual a lo recibido por la dependencia.

En el caso del Seguro Popular, la Auditoría Superior de la Federación determinó que se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia, además de que no se utilizó una cuenta bancaria especifica para el pago de nómina.

Pero además se “destinaron recursos del Seguro Popular para la adquisición de medicamentos asociados al Catálogo Universal d Servicios de Salud a precios superiores a los de referencia”.

Derivado de estas observaciones, la fiscalización se hizo más dura, ya que en 2016 se llevan a cabo cinco auditorías y dos verificaciones, además de que la Auditoría paso de revisar un programa a supervisar la aplicación de recursos en tres.

En cuanto al proceso de responsabilidad administrativa, es facultad de las instancias federales el presentar las denuncias correspondientes, dependiendo de los elementos que se encuentren.